El objetivo es ver la situación del acceso a la justicia de niños
con discapacidad intelectual y psicosocial en Europa.
Se hizo el estudio en diez países europeos
y respecto a tres ámbitos.
En el civil: dónde y con quién hay que vivir;
en el administrativo: dónde reciben la educación;
y en el de la justicia penal,
en el caso de ser víctimas, agresores o testigos.
Acceder a la justicia quiere decir que, como ciudadanos,
cada vez que tenemos que ejercer uno de nuestros derechos
necesitamos que el sistema judicial actúe
para ejercitar ese derecho y acceder
en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
En las conclusiones, después del estudio,
lo que vimos es que, como en otros estudios e informes
sobre niños con discapacidad, hay una falta de datos preocupante.
Todos los datos que recabamos y la investigación realizada
demuestran que estos niños se encuentran barreras especiales
al poder acceder a la justicia con igualdad de condiciones;
una falta de formación de los profesionales
para poder suplir estas barreras existentes.
Un resultado obtenido con la realización de este proyecto
fue poner a disposición de los profesionales
una herramienta a través de la página web
en la que poder acceder a información, a materiales,
e intentar acabar con los problemas que tiene el actual sistema.
Lo que hemos visto es que prácticamente
los mismos patrones se repiten en los diez países
que formamos parte de este proyecto europeo.
En España, es verdad que últimamente ha habido
una modificación legislativa que permitiría producirse un cambio.
Se aprobaron unas leyes de cambio del sistema
de protección de la infancia, en julio de 2015;
también de Estatuto de la víctima, en abril de 2015.
Esto nos permite tener la posibilidad de iniciar el cambio,
pero para ello es muy importante la formación de los profesionales.
Yo creo que si pudiéramos conseguir una toma de conciencia,
por parte de los que actúan en el sistema de justicia
y de la sociedad en general,
de que los niños con discapacidad intelectual y psicosocial
deben acceder igual que el resto a la justicia,
sería un gran paso; eliminar las barreras existentes,
adaptar el sistema a sus especiales condiciones...
Y en este sentido, también muy importante sería
que los niños con discapacidad intelectual
participasen de forma activa
en las tomas de decisiones que les afectan,
como obliga la Convención de los Derechos del Niño del año 89.